domingo, 19 de noviembre de 2017

CUBA.- EU.- LOS QUE SE QUEDARON Y LOS QUE LLEGARON

Por Dr. Néstor García Iturbe

Después del incidente fabricado por la administración Trump sobre las llamadas por ellos  “afectaciones auditivas” a parte de su personal, el gobierno de Estados Unidos anunció el retiro del 60 por ciento del personal radicado en su Embajada en la Habana, porque según ellos, era “PELIGROSO”  que su personal estuviera en Cuba.

Nuevamente la administración de “Fake News” Trump trata de manipular el asunto y crear una histeria contra Cuba, que pueda afectar las visitas de estadounidenses, que al llegar a Cuba se dan cuenta de todas las mentiras que se han publicado sobre la vida y situación en nuestro país.

En los documentos oficiales del Departamento de Estado, el día 18 de abril, estaban trabajando en Cuba, como jefes de las distintas oficinas y servicios que cumple la Embajada en la Habana, un total de 19 personas. Repito que estos son los diplomáticos más importantes de la Embajada , los que están al frente de algunas oficinas, incluyendo la Estación de la CIA.

En los propios documentos oficiales del Departamento de Estado, estos con fecha del día 16 de octubre, después de la retirada masiva, se plantea que en la categoría de diplomáticos principales se mantienen 17 personas.

Es evidente que el personal que fue retirado de la Habana y  dice tener las “afectaciones auditivas” deben ser los oficiales de la CIA y la NSA encargados de operar los equipos  LRAD-X100 que estaban utilizando en las comunicaciones con su agentura en la Habana y le provocaron las afectaciones por no seguir las medidas de seguridad que los mismos recomiendan.  Los jefes no sufrieron afectaciones, porque ellos no operan la técnica operativa

Cómo un problema de reciprocidad, si en la Embajada de Estados Unidos en la Habana, se mantienen al menos 17 personas, según los documentos oficiales del Departamento de Estado, considero que en la nuestra en Washington deben quedar también al menos 17.

Veamos quiénes se quedaron.

  • El señor Scott Hamilton, que sustituyó al señor Jeffrey De Laurentis como Encargado de Negocios. El sustituto de Hamilton, según anunció el Departamento de Estado el dia 27 de octubre,  es el diplomático  Lawrence Gumbiner.
  • El señor Brian Pendergast, el cual se mantiene en sus labores. (Ocupa dos cargos FM y POSHO). Además su esposa
  • Sarah Pendergast labora como EEO.  (Ojo, que este es muy importante en la Embajada)
  • La señora Marilyn Rebatta. (DHS/CIS). DHS significa que trabaja para el Departamento de Seguridad de la Patria.
  • La señora Jennifer Johnson que se mantiene en su cargo de MGT.
  • La señora Brendan Mullarkey que se mantiene como CG.
  • Otra de las que se mantiene en sus labores como GSO es la señora Amy Cox
  • El señor Anthony Spotti que trabaja como RSO no ha tenido problemas para continuar en su labor.
  • La señora encargada de CLO Moneiva Cromwell, se mantiene un su puesto de trabajo.
  • El señor Derek Cromwell se mantiene al frente de ICASS.
  • El señor  Nihad Khdair se mantiene trabajando en su puesto como IMO además de las actividades que realiza en ISSO
  • El señor Matthew Mullins se mantiene trabajando para ISO.

Los que se fueron son:

  • Cheryl Cruise, que trabajaba como CM OMS.
  • Michael Franklin encargado de Co-CLO.
  • Nathan Boyack en labores del HRO, fue sustituido por Crystal Trainor.
  • Dana Brown que trabajaba como POL/ECON, sustituida por Jan Levin.
  • Bruce Kleiner que laboraba en PAO, fue sustituido por Courtney Beale
  • Scott Hamilton del DCM, se marcho pero todavía no ha llegado su sustituto.
  • Nathan  Boyac que laboraba en el FMO, por el momento entregó su trabajo a Crystal Trainor.
  • Douglas Ferguson en cargado de las actividades de IPO, fue sustituido por Tom Kierans.

Como se explica en el artículo, por un numero de los que se fueron, se nombraron nuevos funcionarios, por lo que las actividades no quedaron totalmente abandonadas como cualquiera pudiera pensar, en especial los oficiales de la CIA   y el Jefe de la Estación, que como ya dijimos no eran parte de los técnicos que manejaban los equipos de comunicación.

Aquí se manifiestan de nuevo la mentira y manipulación del gobierno de Estados Unidos, en este caso la administración Trump.

¿Cómo es posible que conociendo las “afectaciones acústicas” que ha sufrido el personal radicado en la Embajada de Estados Unidos en la Habana, se envíe nuevo personal? ¿Es que estos son inmunes a las “afectaciones acústicas”, o que dichas afectaciones son totalmente inciertas y forman parte de una manipulación para perjudicar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Habrán advertido a los que llegan de los “peligros” que corren en Cuba? ¿ Les pagarán más dinero por el “riesgo” que están corriendo?

Las campañas contra Cuba son alentadas por la extrema derecha de los estadounidenses de origen cubano que se encuentran en Estados Unidos.

Ahora están reanudando la  campaña de acusar a diplomáticos cubanos de ser oficiales de la Dirección General de Inteligencia. Hace aproximadamente dos años esta campaña tuvo ciertas manifestaciones, hicieron acusaciones que cayeron al vacío, pues no había elemento alguno que pudieran mostrar para probar las acusaciones realizadas.

Dentro del Departamento de Estado, existe una oficina denominada Inteligencia e Investigaciones ( Intelillence and Research), que es parte de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos y a la cual todos los diplomáticos estadounidenses tributan con la información que obtienen en los países donde están acreditados.

Ellos consideran  que si todos los diplomáticos estadounidenses se vinculan a la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, los de otros países también lo hacen.

Lo importante , en el caso de todas estas campañas, es salirle al paso con la verdad, algo que las campañas no resisten.

La Habana, 18 de octubre del 2017.


GRUPO EL HERALDO  sarahnes@cubarte.cult.cu


Puerto Rico y Cataluña

Telesur  -  Miguel Angel Ferrer  -  16 noviembre 2017

Aunque oficialmente Puerto Rico es un “Estado Libre Asociado” a Estados Unidos, lo cierto es que la pequeña isla caribeña es una colonia estadounidense. Puerto Rico fue una colonia española durante 400 años. Y se convirtió en colonia estadounidense en 1898 tras la derrota del ejército de ocupación hispano por cuenta de la fuerzas armadas de EU. La ocupación militar española fue sustituida por la ocupación militar estadounidense. De modo que desde la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas en 1492 hasta la fecha Puerto Rico no ha dejado de ser colonia. Más de 400 años de ser colonia española y más de 100 de ser dominio de EU.

Para mantener este dominio colonial EU se ha valido de todos los recursos propios de los colonizadores: las leyes a modo, la más cruel represión, la cárcel, la incomunicación, la tortura y la ocupación militar permanente. Todo ello destinado a la liquidación del poderoso e inclaudicable movimiento independentista boricua.

“Como pueblo –ha dicho Óscar López, luchador independentista boricua recientemente liberado tras pasar 36 años en una prisión de EU– no hemos experimentado nunca la libertad. Sin embargo, siempre hemos luchado por descolonizarnos”.

Que Puerto Rico es una colonia y no un “Estado Libre Asociado”, como dice la propaganda yanqui, lo demuestra palmariamente el hecho de que la soberanía de la isla reside en el Congreso de EU, pues (como consigna la infaltable Wikipedia) “para el manejo de sus asuntos internos la isla está sujeta a los poderes plenos del Congreso estadounidense mediante la llamada Cláusula Territorial”, la que bien podría llamarse cláusula de colonización, un engendro jurídico muy semejante al artículo 155 de la Constitución española que ahora mismo se está aplicando en Cataluña para frenar la lucha independentista catalana, y que demuestra que la soberanía de Cataluña no reside en el pueblo catalán, sino en las Cortes españolas, el equivalente hispano del Congreso de EU.

¡Cuánta similitud entre Puerto Rico y Cataluña!: persecución judicial, calumnias, marginación y cárcel para los líderes independentistas; soberanía popular secuestrada; ocupación militar permanente; y una campaña perenne de propaganda sucia, cada vez menos creíble, que busca presentar el estatus colonial como fruto de la voluntad popular de puertorriqueños y catalanes.

Según las leyes estadounidenses Puerto Rico es bilingüe, pero la inmensa mayoría de los puertorriqueños sólo hablan español, a pesar de los esfuerzos de los colonizadores por implantar en la población de Puerto Rico la lengua inglesa. Así pues y a pesar de los esfuerzos de los colonizadores yanquis, Puerto Rico conserva y usa su lengua vernácula, como Cataluña usa y conserva su lengua vernácula, el catalán, por encima de los esfuerzos de Madrid por marginar al catalán en los ámbitos de la política, la gobernación, el comercio, la economía y la cultura.

Muy lejos de la independencia y del ejercicio libre de su soberanía, Puerto Rico se resiste desde hace más de un siglo a la plena colonización yanqui. Como los catalanes que, cada vez más cerca de la independencia, se resisten al abandono del independentismo como causa popular y patriótica esencial.

En Puerto Rico y en Cataluña cobran renovada vigencia los dos mayores principios del derecho internacional: el que dicta que  la soberanía radica en el pueblo, y el que establece como base de la convivencia pacífica entre las naciones la libre autodeterminación de los pueblos.


Fallece José Manuel Maza, fiscal general de España y figura clave en el manejo de la crisis catalana

RT  -   19 nov 2017 06:37 GMT

El funcionario fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital local por un proceso infeccioso que le afectó uno de los riñones.

El fiscal general de España, José Manuel Maza, en Madrid. 30 de octube de 2017. Susana Vera / Reuters

El fiscal general de España, José Manuel Maza, ha fallecido este sábado en la capital argentina Buenos Aires tras sufrir una infección. Se reporta que el funcionario fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos en un hospital local por un proceso infeccioso que le afectó uno de los riñones.

Maza, de 66 años, viajó a Buenos Aires para participar en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos, que arrancó el pasado 15 de noviembre. De acuerdo con fuentes de la Embajada de España en el país sudamericano, el fiscal se sintió mal desde el momento de la llegada a la capital argentina.

Sin embargo, Maza prefirió seguir con su agenda. Luego los médicos recomendaron su ingreso hospitalario inmediato,  por lo que Maza permaneció desde este viernes en cuidados intensivos.

El presidente del Gobierno español , Mariano Rajoy, ha lamentado el hecho a través de su cuenta de Twitter. En su tuit, Rajoy ha reconocido y ha agradecido "una vida de trabajo al servicio del Estado".

Por su parte, el ministro de Justicia de España, Rafael Catalá, ha destacado en su perfil de la red social que Maza era "un extraordinario jurista y servidor público" y ha asegurado que "la justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales".

Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Germán Garavano, también acudió a Twitter para expresar sus condolencias "a todos los españoles en este difícil momento".

Maza fue nombrado fiscal general del Estado el 25 de noviembre de 2016 en sustitución de Consuelo Madrigal. Anteriormente, presidió la Sección Primera de la Audiencia de Madrid.
El papel de la Fiscalía en el desafío catalán

La Fiscalía de Maza desempeñó un papel clave en el manejo de la crisis catalana. Poco antes del ya histórico referéndum, celebrado el pasado 1 de octubre en Cataluña, el fiscal general anunció querellas criminales contra todos los miembros del Gobierno catalán por la convocatoria del referéndum sobre la independencia.

Además, la Fiscalía General de España ordenó a mediados de septiembre tomar declaración como investigados a 712 alcaldes catalanes que habían mostrado su apoyo a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación. Mazá ordenó a los Mossos que detuvieran a aquellos que se negaran a declarar.

Celebrado el referéndum, considerado ilegal por el Gobierno español, y declarada la independencia por el Parlamento catalán, la Fiscalía presentó ante al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional de España querellas por rebelión, sedición, malversación y otros delitos conexos contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los miembros del Govern y todos los integrantes de la Mesa del Parlament que tomaron parte en la declaración de independencia.


Hoy en Cuba prueba dinámica para asegurar próximas elecciones

Cubasí   -  ACN   -  Domingo, 19 Noviembre 2017 06:34

Hoy en Cuba prueba dinámica para asegurar próximas elecciones

Hoy se efectuará en Cuba una prueba dinámica a fin de chequear todo el sistema de trabajo previsto para el día de los comicios...

Cuando resta una semana para la elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, hoy se efectuará en Cuba una prueba dinámica a fin de chequear todo el sistema de trabajo previsto para el día de los comicios.

Dicho ejercicio constituye uno de los pasos indispensables dentro del cronograma previsto, y con él se ponen en práctica los medios, mecanismos y estructuras electorales a todos los niveles, en busca de garantizar las condiciones para el 26 de noviembre próximo.

Desde horas tempranas de esta jornada, se abrirán los más de 24 mil colegios electorales del país, y serán movilizadas las 12 mil 515 comisiones electorales de circunscripción, así como también los miembros de dicha estructura a nivel municipal, provincial y nacional.

Tomás Amarán, vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional (CEN), detalló al diario Granma que en la primera fase de la prueba se examinarán los medios de comunicación, la telefonía fija y móvil, además de la disponibilidad de radioaficionados, enlaces y el transporte en las llamadas zonas de silencio o lugares intrincados.

También se chequearán las condiciones de los colegios electorales, la iluminación, la existencia de los símbolos patrios, los medios técnicos, el sistema informático y otros materiales destinados al trabajo.

De acuerdo con la dinámica de este ejercicio, posteriormente se emitirá una información cualitativa y cuantitativa a la CEN, la cual deberá reflejar las principales incidencias para luego desarrollar un ensayo general de las elecciones.

Serán activados igualmente los grupos de recepción, revisión y cómputo de la información en esta prueba integral que permitirá evaluar a todo el personal involucrado en la realización de las votaciones, excepto a los electores y los pioneros.

El vicepresidente de la CEN puntualizó que el ejercicio deberá concluir pasado el mediodía, y luego las autoridades electorales y organismos correspondientes en los diferentes territorios deben trabajar con celeridad para resolver las posibles insuficiencias.

Esta prueba se realiza tras la conclusión, el dos de noviembre último, del proceso de nominación de candidatos a delegados a las asambleas municipales del Poder Popular.

Durante esa etapa de los comicios generales 2017-2018, se efectuaron 60 mil 870 propuestas, de las cuales resultaron nominados 27 mil 221 candidatos. El 35,40 por ciento son mujeres y el 19,49 por ciento jóvenes.


sábado, 18 de noviembre de 2017

¿Cómo viven muchos en Miami?

Cubasí   -   Nicanor León Cotayo  -  Sábado, 18 Noviembre 2017 07:41

El Nuevo Herald

Parecería  escrito por el diario cubano Granma o por otras fuentes similares, pero no es así, lo narró una publicación ultraderechista de Miami, El Nuevo Herald.

Para nada enemigo de la Florida y de Estados Unidos.

En un artículo titulado  “Irse o quedarse, el dilema en Miami ante el costo de la vida, ¿cuáles son las opciones?” su periodista Sarah Moreno  escribió este viernes que,  debido al elevado costo de la vida, unido al insuficiente nivel de ingresos, un  por ciento de sus habitantes han venido protagonizando una verdadera estampida hacia lugares menos caros.

Lo dicho atañe sobre todo a jubilados y algunos con ahorros limitados, que han tomado la decisión de trasladarse a zonas menos costosas, e incluso a otros estados.

En el artículo refiere el caso de Manolo Sánchez quien tenía la “casa de sus sueños”  y ahora él y su esposa se han quedado solos y con un paquete de gastos mensuales que llama “el dolor de cabeza” y cuya tendencia apunta a incrementarse que a disminuir.

Ese mismo dolor lo están compartiendo muchos miamenses de todas las edades que hacen milagros para sobrevivir.

Añade la periodista que los altos alquileres y precios de las viviendas, los impuestos y las ascendentes primas de seguros, entre otros desembolsos asfixian  a la  mayoría de la población.

Carlos Manuel Nieto Reyes, residente en dicha ciudad, dijo que “con el tiempo Miami quedará solo para ricos, como sucede en Las Vegas, con la diferencia que sería para disfrutar de algunos días de vacaciones.” 

Agregó  que a los emigrantes solo les quedaría buscar nuevos rumbos para aliviar sus agudas necesidades e ir “hacia un norte incierto y desconocido”.

Y lo expuesto, vale subrayarlo, no es producto de una invención de publicaciones cubanas sino de la cruda y porfiada realidad con la que en Miami se tropieza  día a día.

Cuando la imagen del paraíso estadounidense se ha ido diluyendo pulgada a pulgada.


La ONU pide al gobierno salvadoreño que derogue su plan emblema de seguridad

El alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas concluye que las medidas extraordinarias para combatir a las pandillas deben ser derogadas. En un informe que retrata a un país que viola derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein también cuestionó el “retorno de los escuadrones de la muerte”, la falta de investigación en los crímenes de la guerra, condenó la ley salvadoreña que prohíbe completamente el aborto y pidió protección para defensores de derechos humanos y periodistas. 

EL FARO  -  Nelson Rauda Zablah, María Luz Nóchez y Jimmy Alvarado
Viernes, 17 de noviembre de 2017


El alto comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad Al Hussein, ha concluido que las medidas extraordinarias, el plan emblema con el que el Gobierno ha decidido hacerle frente a las pandillas, atentan contra los derechos humanos y deben derogarse.

”Insté al Presidente que derogue las medidas extraordinarias”, le dice Al Hussein al Gobierno que lo invitó a venir a El Salvador y que hace solo cinco meses atribuía la reducción de homicidios de 2017 -respecto del año pasado- a esas medidas.

Luego de una visita de tres días al país, y de reuniones con organismos de derechos humanos, víctimas y con funcionarios del órgano ejecutivo, Al Hussein también hizo un retrato de un El Salvador que desentona con el país que promueve el segundo gobierno de izquierdas. 

El informe es una disección de casos de violaciones a derechos humanos que han sido señalados y documentados por organizaciones independientes, nacionales e internacionales, y publicaciones periodísticas. Al Hussein condena la violencia de las pandillas; se “horroriza” por la ley salvadoreña que prohíbe completamente el aborto; se alarma por “el retorno de los escuadrones de la muerte” y las ejecuciones extrajudiciales; pide que se ataque la impunidad de los casos de la guerra y crímenes contra la población LGBTI; y exhorta al Gobierno a reconocer el problema de desplazamiento forzado e investigar las amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos. 

Los señalamientos de Al Hussein contra la política de seguridad de Salvador Sánchez Cerén se suman a las condenas que ya han hecho públicas organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, y es un nuevo revés para unas autoridades que confían en una política que sigue sin dar los resultados esperados. 

"El Plan El Salvador Seguro es un modelo positivo, pero necesita ser implementado de forma integral, de acuerdo con las normas internacionales de los derechos humanos. En la práctica, esto significa aumentar el énfasis en los importantes aspectos preventivos del plan y reconocer que el lidiar con la violencia a través del lente de la seguridad, a la larga es menos efectivo", señaló.

Enmarcadas dentro de ese plan, las medidas extraordinarias fueron propuestas por el Gobierno y aprobadas por unanimidad, en 2016, por la Asamblea Legislativa, con el afán de cortar la comunicación entre los pandilleros en la calle con sus estructuras en las cárceles. Para lograrlo, las medidas extraordinarias eliminan visitas familiares, suspenden las audiencias judiciales, promueven periodos de encierro permanentes en las celdas, y el aislamiento total de la comunicación electrónica en las zonas donde se ubican las prisiones. Fueron prorrogadas por un año más en febrero de 2017, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, endosó su apoyo a esa decisión, al decir que estaba "interpretando el sentir de la gran mayoría del pueblo salvadoreño". 

En julio, Caballero volvió a aplaudir las medidas extraordinarias, pese a que un informe de la PDDH concluyó que estas violan los derechos humanos. En su informe, Al Hussein no planteó matices y pidió la derogación de este plan, y que se “garantice acceso a estos centros de detención a las organizaciones internacionales independientes, incluyendo mi Oficina”.

Zeid Ra'ad Al Hussein, alto comisionado de derechos humanos de la ONU, durante su visita a la Universidad Centroamericana (UCA), el 16 de noviembre. Tras su estadía en El Salvador, Al Hussein dejó un devastador informe que retrata la grave situación de los derechos humanos en el país. Foto Marvin Recinos (AFP).

Para convencerse de la necesidad de eliminar las medidas extraordinarias, el oficial de la ONU usa los mismos argumentos de la PDDH y organizaciones como el Servicio Social Pasionista (SSPAS). Al Hussein dice que las medidas extraordinarias han producido “condiciones realmente inhumanas” en las cárceles bajo este régimen. Ejemplificó con la suspensión de visitas familiares y los brotes de tuberculosis, y desnutrición. En junio de este año, la PDDH informó que los casos de tuberculosis se multiplicaron por cuatro a partir de la implementación de las medidas en las prisiones. 

El informe de la ONU también retoma información del SSPAS  para cuestionar la letalidad y el uso de la fuerza de las fuerzas de seguridad. “Según los grupos de la sociedad civil, desde enero de 2015 a febrero de 2017, más de mil civiles y 45 agentes policiales han perdido la vida en enfrentamientos armados entre la policía y supuestos miembros de pandillas”, recuerda Al Hussein. Estas son las mismas cifras que en septiembre le permitieron a James Cavallaro, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluir que “se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecución”.

“No importa cuán serias sean las violaciones a los derechos humanos cometidas por la violencia pandilleril, todas las personas que perpetran la violencia deben rendir cuentas por sus acciones a través de los mecanismos judiciales”, dice Al Hussein a un país en el que la población parece estar a favor de la vía extralegal como una respuesta al problema de violencia. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Internacional de la Florida, presentada en julio de este año, el 40.1 % de los salvadoreños aprobaría el uso de tortura para lidiar con miembros del crimen organizado; el 34.6 % aprobaría ejecuciones extrajudiciales; y el 17.2 %, consentiría la práctica de limpieza social.

El informe también le dice al Ejecutivo que necesita reconocer el creciente problema de desplazamiento forzado, un fenómeno que se ha tratado de minimizar desde la Presidencia y varias de sus dependencias. "Escuché cómo los altos niveles de violencia han afectado seriamente las vidas de las personas, y noté cómo la violencia está escalando el desplazamiento forzado dentro de El Salvador y la migración. Para poder enfrentar de forma completa este problema creciente, el Gobierno necesita reconocer que está sucediendo", señaló.

Al Hussein también señaló los niveles “escandalosamente” altos de violencia de El Salvador, y condenó las acciones de las pandillas. El alto comisionado también hizo especial énfasis en la situación de violencia de género. Entre enero y septiembre de este año se registraron 341 femicidios, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal. Cada tres horas hay una violación sexual, según un informe presentado este mes por organizaciones defensoras de derechos humanos. Y el 90 % de las violaciones a menores queda en la impunidad, como reveló una investigación de El Faro, publicada en enero de este año. Esa tasa de impunidad es parecida a la que otra investigación de este periódico encontró respecto a la judicialización de homicidios, tras el año más violento del siglo: solo uno de cada 10 homicidios llegaron a tribunales.

El alto comisionado también relacionó la impunidad del presente con la histórica impunidad en El Salvador. En su informe dijo que los patrones de violencia actuales se han nutrido de que el país ha dejado "los crímenes del pasado sin investigación ni castigo". Aunque reconoció los esfuerzos de organizaciones civiles, Al Hussein resaltó que "solamente tres de entre más de 100 acusaciones criminales han sido reabiertas", una crítica que, de forma indirecta, atañe de manera exclusiva a la Fiscalía General de la República. 

Al Hussein calificó como “un valiente paso” la resolución de la Sala de lo Constitucional que invalidó la Ley de Amnistía en julio de 2016 y que como consecuencia dejó sin inmunidad a los criminales de guerra del ejército y de la guerrilla. Respaldó que el 30 de septiembre de 2016 el Juzgado de Primera Instancia de Gotera haya reabierto el juicio contra el alto mando de la Fuerza Armada para juzgar su participación en el asesinato de casi un millar de personas, en su mayoría mujeres y niños, en el caserío El Mozote en 1981.

Un mal país para defender derechos humanos

Hace un mes, Ginebra le otorgó asilo a la activista trans Karla Avelar, quien había sufrido amenazas de muerte en El Salvador. Desde 1994, la activista aboga por el respeto a los derechos de las mujeres trans, en un país que registra -según cifras de organizaciones de sociedad civil- más de 500 asesinatos de personas de la comunidad LGBTI sin que se investiguen sus casos.  

"El motivo de la presente tiene como fin informar a ustedes sobre mi decisión irrevocable de no volver a El Salvador, por razones estrictamente de seguridad, pues no estoy dispuesta a perder mi vida por razones de amenazas, extorsión, condición de VIH, identidad y expresión de género", comunicó Avelar el 20 de octubre.

El funcionario de la ONU advirtió sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres transgénero e instó al gobierno a atacar la alta tasa de impunidad de los crímenes de odio.

Al Hussein también se refirió a las amenazas, la intimidación y la difamación contra periodistas y contra defensores de derechos humanos. “Insto a las autoridades que investiguen estos ataques y establezcan medidas efectivas para asegurar su protección”, dijo.

El 22 de agosto de 2017, la Revista Factum publicó una investigación que revela ejecuciones extrajudiciales perpetradas por una unidad especializada de la Policía Nacional Civil. Tras la publicación, los periodistas de dicho medio comenzaron a recibir amenazas de muerte. Tres días después, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ordenó al director de la policía que garantizara la protección de los periodistas. El 3 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno que investigara quiénes estaban detrás de las amenazas.

Condena a la ley antiaborto

El Salvador está entre los cinco países alrededor del mundo que penaliza la práctica del aborto. Al respecto, el alto comisionado recordó a la presidencia, a la Asamblea Legislativa y a la Procuradora de Derechos Humanos la “prevalencia” de los tratados internacionales a los que está suscrito el país sobre el marco legal vigente, tal como lo establece el artículo 144 de la Constitución: “El Salvador debe cumplir con sus obligaciones para con los derechos humanos a nivel internacional y suspender la prohibición absoluta contra el aborto”.

La sentencia de Al Hussein se suma a las voces que abogan por la despenalización del aborto, aunque por ahora el debate esté apuntando solo a cuatro causales: cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando la vida del feto fuera del útero sea inviable, cuando el embarazo es producto de violación a menor o incapaz o de estupro, y cuando el embarazo sea producto de violación a una mujer adulta.

En El Salvador, aborto es una mala palabra desde 1997, año en el que los abortos terapéuticos, éticos y eugenésicos fueron sacados del Código Penal por medio de una reforma impulsada por el partido Arena, desde la Asamblea y el Ministerio de Salud.

Los resultados en condenas a mujeres por homicidio agravado al haber padecido una emergencia obstétrica refleja, según el funcionario, la urgencia de que se revisen sus casos y garantizarles el debido proceso. Visitar cárcel de mujeres fue uno de los puntos prioritarios de su agenda y luego de conversar con mujeres condenadas por sospechas de haberse inducido la terminación del embarazo se dijo “horrorizado”. Según Al Husseis, la penalización del aborto es un tema que retrata la desigualdad. “Parece ser que solamente mujeres de orígenes pobres y humildes son las que están encarceladas, una característica delatadora de la injusticia sufrida”, dijo.

Es por ello que para dar cumplimiento a los tratados de derechos humanos a los que El Salvador está suscrito, el alto comisionado recomienda suspender la aplicación del artículo 133 del Código Penal y a que se promueva por decreto ejecutivo una reforma al mismo. Así mismo, instó a hacer una revisión exhaustiva de los casos para que, en caso de que su tratamiento no haya cumplido con las garantías mínimas de acceso a justicia, las mujeres condenadas sean liberadas de inmediato.


viernes, 17 de noviembre de 2017

Lula se consolida como favorito en vista a las presidenciales

Publicado en Cubadebate el 17 noviembre 2017

Da Silva denunció que son nueve las familias que monopolizan los medios de difusión en el país, y que “no paran de decir mentiras todo el santo día”. Foto: @LulapeloBrasil.

De acuerdo a una encuesta divulgada esta semana en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva encabeza la intención de voto entre el electorado local con un apoyo del 42 por ciento. Según estos resultados, el dirigente resultaría triunfador en todos los escenarios simulados para una segunda vuelta electoral, señalaron medios locales.

Los resultados de la encuesta realizada por la empresa Vox Populi a dos mil brasileños en 18 municipios del país, también indicaron que Lula es el candidato presidencial con menor índice de rechazo en comparación con el resto de los nombres.

De acuerdo a estos datos, el candidato con la segunda intención de voto apunta al diputado federal y candidato de derecha, Jair Bolsonaro, con apenas el 16 por ciento de apoyo, quien, además, tendría un rechazo del 60 por ciento de los brasileños.

En semanas pasadas, Bolsonaro fue condenado a pagar una multa de cerca de 16.000 dólares por haber emitido comentarios racistas durante un evento político. “Los afrodescendientes no hacen nada, creo que ni como reproductores sirven más”.

Por su parte, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) inició en agosto una caravana por siete regiones y 14 ciudades del país, con el objetivo de dialogar con la población y conocer sus exigencias.

Acompañado en su recorrido por la presidenta constitucional Dilma Rousseff y otros líderes de PT, da Silva advirtió que la derecha mantiene una campaña de descrédito y de persecución en su contra.

El mandatario anunció en reiteradas oportunidades que hay muchas cosas que cambiar en Brasil: democratizar el acceso a la educación, trabajar en el desarrollo del país y detener las políticas neoliberales del presidente de facto Michel Temer.

(Con información de Telesur)


La CIA utilizó a Posada Carriles para espiar a otros exiliados anticastristas

DDC | Miami | 16 de Noviembre de 2017

Luis Posada Carriles. (DIARIO LAS AMÉRICAS)

La CIA entrenó y utilizó a Luis Posada Carriles en sus planes para derrocar a Fidel Castro, pero también para que espiara a otros exiliados cubanos anticastristas, según el expediente secreto de "El Bambi", desclasificado este mes por Washington dentro de los archivos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy.

Según publica El Nuevo Herald, los documentos abordan con detalle toda la historia de Posada Carriles con la CIA hasta 1976.

Pasó por el ejército estadounidense entre 1963 y 1964 y alcanzó el grado de subteniente. En abril de 1965 fue reclutado por la CIA como instructor en un centro de entrenamiento en la Florida. Entre ese año y 1967, y luego entre 1968 y 1976, fue informante dentro de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), en Venezuela.

También recibió entrenamiento paramilitar en Guatemala, previo a la invasión de abril de 1961 a la Isla, era considerado un experto en demoliciones, según un resumen preparado por la CIA para el FBI sobre los sospechosos de estar involucrados en la voladura del avión de Cubana en Barbados en 1976.

"Posada también era usado (por la CIA) como fuente de información sobre las actividades de los exiliados cubanos", señala el memorando de noviembre de 1976 enviado por el director de la CIA al director del FBI citado por El Nuevo Herald.

El texto añade que a partir de agosto de 1966 "él fue utilizado únicamente como informante de las actividades de la Representación Cubana en el Exilio (RECE)", una organización basada en Miami, en la que militaba Jorge Mas Canosa, quien llegó a convertirse en el líder político de la comunidad cubana de exiliados en el sur de la Florida.

De acuerdo con el expediente revisado por el diario miamense, en particular, Posada fue utilizado para monitorear los pasos de Orlando Bosch, otro de los supuestos autores de la voladura del avión de Cubana, con quien la agencia había mantenido un breve contacto entre 1962 y 1963, y a quien consideraba aún más peligroso que Posada.

El diario recuerda que incluso después de que la CIA decidió reducir el contacto con Posada, a mediados de febrero de 1976 este pasó "voluntariamente" información sobre los planes de Bosch de asesinar al sobrino del presidente chileno Salvador Allende en Costa Rica, según indican varios documentos.

Luego, en junio de 1976, Posada comentó a la CIA los planes de Bosch de volar un avión de Cubana de Aviación en Panamá.

Planes terroristas

Los documentos desclasificados aclaran que la CIA consideraba como terrorismo los planes de Posada para derrocar a Castro, y lo mantuvo bajo estrecha vigilancia, incluso dentro de la DISIP, donde la CIA tenía otros agentes.

Bajo el título de Planes terroristas de exiliados cubanos, la CIA envió en julio de 1977 un resumen al FBI y al ejército estadounidense sobre una reunión en Santo Domingo de Posada, Bosch y otros anticastristas con el mayor del ejército estadounidense de origen cubano, Juan Armand Montes. El texto describe a Bosch como "el líder terrorista de los exiliados cubanos".

De acuerdo con un coronel dominicano presente, la reunión tenía como objetivo "discutir varios planes terroristas": entre ellos "colocar bombas en aviones cubanos y en misiones diplomáticas cubanas; sabotear naves cubanas y soviéticas; secuestrar al embajador cubano ante las Naciones Unidas y matar al funcionario cubano Carlos Rafael Rodríguez en Lisboa".
Según El Nuevo Herald, en más de una ocasión, las actividades de Posada llevaron a la agencia a considerar terminar su relación con él. En 1968 fue declarado "hostil" y tuvo que pasar una prueba de un detector de mentiras para disipar sospechas sobre "contactos con gangsters" y con la Inteligencia cubana.

Finalmente, la agencia concluyó que el agente era "una penetración extremadamente valiosa", de acuerdo con un documento de 1971.

Más adelante, supuestamente la CIA lo despidió porque había perdido el trabajo en la DISIP en 1974. Desde 1973, oficiales de la CIA habían recomendado terminar la relación o mantenerla al mínimo por su implicación en narcotráfico.

El cese formal del vínculo no ocurrió hasta el 13 de febrero de 1976, cuando la agencia pudo resolver los problemas que tenía Posada con la declaración de ingresos recibidos de manera encubierta. Su salario mensual al finalizar su contrato era de 466.62 dólares.

Según los documentos, el último contacto de la agencia con Posada antes del atentado al avión que salió de Barbados ocurrió el 22 de junio de 1976, cuando solicitó ayuda para obtener una visa para él y su esposa. "La asistencia fue negada", indica un cable de la CIA citado por El Nuevo Herald.

El atentado en Barbados

Cuando la CIA conoció que Posada y Bosch habían sido arrestados en Venezuela, mientras que Hernán Ricardo Lozano y Freddy Lugo fueron detenidos en Trinidad y Tobago como los principales sospechosos de la voladura del avión de Cubana en Barbados, investigó a los posibles autores y el nombre de Posada rápidamente encendió las alarmas.

"Compartimos la preocupación de la oficina central [por el] arresto de WSCARLET-3 y la posibilidad de sospecha/cargos adicionales [de] conexión [de] BKHERALD [la división de la CIA encargada de la antigua Unión Soviética] con bombardeo", indica un memo secreto de octubre de 1976.

"Por el momento, la estación no tiene pruebas contundentes que vinculen directamente [a los agentes] W-3, W-1 o Ricardo Morales Navarrete al atentado del 6 de octubre de 1976... De los tres, W-3 [Posada] parece haber sido el más implicado por su posible asistencia a Hernán Ricardo Lozano y/o Freddy Lugo", detalla.

La CIA estaba al tanto de pruebas que incriminaban a Posada, aunque consideró que eran "circunstanciales".

Según otro cable secreto de octubre de 1976, un agente de la CIA en la DISIP supo que las autoridades venezolanas tenían "evidencia que implica al sujeto 201-300985 [número de identificación de la CIA de Posada] en la voladura del avión de Cubana" y que esta incluía la factura de los boletos aéreos usados ​​por Hernán Ricardo Lozano "durante la operación de bombardeo".

La dirección de pago en el recibo correspondía a la dirección de las oficinas de ICICA, la compañía de investigaciones privadas de Posada en Caracas y fueron incautados en esa oficina durante un registro, precia el diario miamense.

La CIA también obtuvo información sobre comentarios que habría hecho Posada en una cena antes del atentado: "vamos a atacar a un avión cubano" y "Orlando tiene los detalles". A partir de la información que le proveyó la CIA, el Departamento de Estado concluyó que Posada parecía ser "la persona que planeó el sabotaje" del avión.

Está prohibido que indígenas y campesinos promuevan el derecho a defender derechos

Ollantay Itzamná

Tomado de internet

Cuando un Estado abandona su rol de promotor y garantista de derechos para sus habitantes, éstos, al sentirse vulnerados en sus derechos, amparados en convenios internacionales, se organizan y ejercen su derecho a defender derechos (por la vía pacífica). Pero, esta noble labor ciudadana de la defensa de derechos, en circunstancias de la ausencia del Estado de Derecho, se torna muy peligroso.

En las siguientes líneas indicamos lo que las y los defensores indígenas, organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), vivieron en el lapso de apenas cinco días, en lo que va del presente mes de noviembre, en Guatemala.

“Me golpearon por la espalda… La lucha, vamos a seguir”

El día 03 de noviembre último, a las 18:00 horas, luego de una asamblea de coordinación, en el centro del área urbana del Municipio de Nebaj, Departamento Quiché, Jacinto Brito, defensor maya ixil, coordinador regional de CODECA, para el área ixil, fue brutalmente golpeado por desconocidos.

 “Cerca del mercado, me pegaron por atrás un golpe fuerte en la cabeza, y me tiraron al suelo. Allí me patearon… Creo que eran como dos o tres… Cuando me desperté y me levanté, mi cuerpo estaba lleno de sangre.” Indica Jacinto Brito.

“Yo no tengo enemistad con nadie. Lo único que hacemos es defender nuestros derechos como indígena ixil. Y denunciar todos los abusos que nos hace la empresa ENERGUATE (empresa distribuidora de energía eléctrica). Eso fue lo que le expusimos también al Diputado Eduardo Cruz Gómez”, sostiene Brito, quien, previo al ataque, junto a otros seis defensores ixiles, abordó la “conflictividad social” ocasionada por la distribución de la energía eléctrica con el Diputado mencionado.

Ante la pregunta: ¿qué piensa hacer con relación a su compromiso en la defensa de derechos?, Brito responde: “La lucha vamos a seguir. Yo, no voy a abandonar este camino.  Ahora mismo, mi esposa me está reemplazando en una asamblea regional de coordinación que se está realizando, porque no puedo ir aún(...). Dejo en manos de Dios a los que me atacan”, concluye el entrevistado.

Salió a hacer una oración, antes de participar en el paro nacional… Hallaron masacrado su cadáver

El día 7 de noviembre del 2017, a las 6:45 de la mañana, a dos Km de distancia de su vivienda, en el Catón Chuichop, Municipio San Antonio Ilotenango, Departamento de Quiché, Antonio Pérez, el defensor indígena maya quiché de 35 años de edad, socio e integrante de la junta directiva de CODECA en su comunidad, fue asesinado con arma blanca por desconocidos, en el camino.

“Salió de la casa porque lo llamaron para que fuera a participar en una oración (actividad religiosa)”, indican los familiares del difunto.

El movimiento social CODECA había declarado paro nacional, con ocupación de caminos, los días 7 y 8 de noviembre.

“A los 80 socios de la comunidad del finado, Antonio Pérez, organizado en resistencia desde hace más de cuatro años atrás, le correspondía participar en el segundo día de dicho paro nacional. Así estuvo programado. Pero, lamentablemente Chuichop ya no pudo participar en el paro porque todos estábamos ocupados en acompañar a los familiares de la víctima”, indica Don Francisco, otro de los defensores locales de CODECA.

Los autores del crimen no dejaron mayor rastro del móvil del crimen, mucho menos se sabe, con exactitud, sobre quiénes cometieron dicho acto macabro. Dejaron, en el lugar, tirado el cuerpo de la víctima, con los intestinos expuestos. Quizás como acto de escarmiento a la comunidad organizada en resistencia.

Este asesinato dejó cinco hijos menores huérfanos, y una viuda maya sin mayor oportunidad laboral.

Empresario envistió con su vehículo polarizado en contra de manifestantes en vía pública

Durante el segundo día del último paro nacional, el 8 de noviembre, alrededor de 10 am., en la Aldea La Ruidosa, Municipio Morales, Departamento de Izabal, el empresario Carlos René Pineda Sosa, de 45 años de edad, envistió con su automóvil al grupo de defensores/as de CODECA que realizaban su acción colectiva de protesta en el lugar, y fracturó la pierna izquierda del defensor comunitario Vicente Calderón, de 62 años de edad (con 10 hijos, y 3 de ellos menores de edad).

En el acto, los manifestantes rodearon e inmovilizaron el motorizado  ocupado por el agresor. Quién, ante la insistencia policial, abrió y bajó de su vehículo. Y, posteriormente fue puesto a disposición de la instancia judicial, para inmediatamente quedar libre bajo fianza.

Don Vicente, aún convaleciente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indica que: “El señor (agresor) dijo que estaba apenado, que me pasaría un sueldo mensual de Q.2,800 mensuales hasta que me recupere. Me prometió ayudarme a sacar mi jubilación. (…) Estuve internado en el hospital privado por dos noches, porque él ordenó así, y él pagó. Luego me trajeron aquí al IGSS”.

“Primero Dios logro sanar bien y volver con mi familia. Dicen que hay un convenio firmado en el que se comprometió el señor (agresor) a pagarme, pero yo no firmé nada, porque no se leer, ni escribir. Quizás es sólo para tapar el ojo al macho”, indica, un tanto frustrado, don Vicente.

Pero, expresa con convicción: “Yo seguiré luchando por la nacionalización de la energía eléctrica hasta el día de mi muerte. En mi comunidad somos más de 100 familias en resistencia”.
Ministerio Público y Empresa Pública de Medellín enjuician a dos defensores y radialistas

El uso desmedido del derecho penal, incluso rompiendo el debido proceso, en contra de defensores comunitarios de derechos humanos es una constante en contra del movimiento CODECA.

El caso que marcó hito fue el secuestro, detención arbitraria, seguido de proceso penal en contra del fundador y coordinador Mauro Vay Gonón, junto a la entonces vice Presidenta de CODECA, Blanca Mejía, en 2014.

En dicho caso, la Fiscalía contra el Hurto de Fluidos (creado nada menos que por el defenestrado y, ahora, encarcelado, ex Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina), junto a la empresa distribuidora de energía eléctrica (ENERGUATE, ahora, de propiedad de la corporación israelí POWER), acusaron a estos defensores por delitos como: actividades contra la seguridad interna de la nación, intento de estafa, entre otros.

El Juzgado de Tribunal de Sentencia Penal, de la ciudad de Huehuetenango, los declaró parcialmente culpables. Y, la Sala de Apelaciones de la misma ciudad los absolvió en 2017. En 2016, la ONU, mediante su Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias, estableció que el Estado de Guatemala había cometido “detención arbitraria” en contra de estos defensores, y estableció recomendaciones.

La criminalización contra defensores de este movimiento no concluyó allí. En 2014, siempre la Fiscalía contra Hurto de Fluidos, junto a las distribuidoras de electricidad Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (de propiedad de la Empresa Pública de Medellín) y Distribuidora Eléctrica de Occidente (de propiedad de la corporación israelí POWER) iniciaron un proceso penal nada menos que en contra de la Coordinadora de Mujeres del movimiento CODECA, y defensora de derechos humanos y radialista, Vicenta Jerónimo Jiménez, maya mam, de 44 años de edad. Y, en contra del actual Director de la Radio Victoria (de propiedad de CODECA), y Coordinador de Juventudes en dicha organización, el defensor y comunicador Edvin Amado Sánchez Cabrera, maya mam, de 31 años de edad.

Los delitos imputados contra estos dos defensores y radialistas de CODECA son: atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, actividad contra la seguridad interna de la nación e instigación a delinquir. El Ministerio Público no presentó ninguna prueba documental, únicamente ofreció más de una decena de testigos (muchos de ellos empleados de la empresa eléctrica).

La audiencia de debate oral y público se abrió el pasado 6 de noviembre, en el Juzgado de Tribunal de Sentencia Penal, del Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Dicho acto prosiguió el 14 del mismo mes, y está fijada su continuación para el día 27 de noviembre.