martes, 20 de junio de 2017

NYT revela espionaje del gobierno de Peña Nieto a Aristegui, padres de los 43, entre otros

REGENERACIÓN - 19 Junio, 2017

Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.


El diario The New York Times reveló mediante una investigación, que agencias federales mexicanas han gastado 80 millones de dólares para espiar a periodistas y activistas, mediante un software usado para terroristas, de una empresa de origen israelí.

Destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.

Entre los blancos del programa se encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un adolescente.

El software conocido como Pegasus se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular: llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.

La empresa que fabrica el software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del Gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.

“Somos los nuevos enemigos del Estado”, señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones del programa espía, según un análisis forense independiente. “La nuestra es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado”, afirmó Pardinas.

Los ciberataques sofisticados en contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un Gobierno que enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.

Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el Gobierno haya recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y periodistas, comentaron varios exfuncionarios de los servicios mexicanos de inteligencia.

Los intentos para realizar hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los teléfonos celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más famosas de México, un operador se hizo pasar por la Embajada de Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción, recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un amorío.

Ya se sospechaba del uso de programas espías por parte del Gobierno mexicano, incluidos los intentos de hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses corporativos en México.

Sin embargo, no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo.

Pero los ciberexpertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el Gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados.

“Básicamente, es lo mejor que hay”, dijo sobre el análisis Bill Marczak, el investigador sénior en Citizen Lab que confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas mexicanos tenían rastros del software.

La compañía simplemente le cobra a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar. Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.

Desde hace mucho tiempo, los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido, acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos laborales más comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de México.

En 2014 se desvanecido gran parte de las promesas de Peña Nieto,  por escándalos y crisis, entre ellos la desaparición de 43 estudiantes normalistas y las acusaciones de que el mandatario y su esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que después recibió varios contratos públicos.

Son escándalos que han derrumbado la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto y lo han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida, del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los casos y de los activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados.

“Este era un Gobierno que pasó de establecer la agenda a ser reactivo”, dijo Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto que contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus. “Entonces vieron a los periodistas y pensaron: ‘Estos están sacando estas cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos’”.

El año pasado, fueron asesinados más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va encaminado a romper ese récord.

“El hecho de que el Gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el gobierno”, dijo Luis Fernando García, director de R3D, un grupo de derechos digitales en México que ha ayudado a identificar varios casos de abuso del programa Pegasus. “Definitivamente no es a favor del pueblo”.

Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la reputación del Presidente Peña Nieto que Carmen Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho.

Ella y su equipo sacaron a la luz en 2014 el escándalo de la “Casa blanca”, una historia de intrigas de bienes raíces que involucraba un arreglo especial para la primera dama por parte de un contratista del Gobierno que tiene una relación de vieja data con el Mandatario.

La historia alcanzó una audiencia mundial y obligó a la esposa del presidente a entregar la casa, lo cual representó una especie de dilema ético para el Gobierno mexicano; en otro país quizá habría resultado en el nombramiento de un fiscal independiente o en una pesquisa legislativa. Al final el Presidente fue exculpado por la Secretaría de la Función Pública, mientras que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó el inicio de una campaña prolongada de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus oficinas, amenazas a su seguridad personal y el monitoreo de todos sus movimientos.

“Se trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo Aristegui en una entrevista reciente. “No se puede ver de otra manera”.

Así que le pareció sospechoso cuando en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, en los cuales le urgían a que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta nota de la embajada estadounidense sobre su visa.

Cuando estos mensajes no fueron suficiente para que le diera clic al hipervínculo y descargara el software de manera inadvertida, los siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno que decía que la iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo número telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.

Y siguieron intentándolo. En marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar al teléfono del hijo de 16 años de Aristegui, Emilio. “La única razón por la que irían tras mi hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño”, dijo Aristegui.

En varias ocasiones han hackeado su sitio web y en noviembre irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron tan descarados que ni siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido detenidos. Ella ha decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el espionaje en su trabajo.

A fines de abril de 2016, Mario Patrón estaba inquieto. La mesa de la conferencia estaba llena de compañeros defensores de derechos humanos, entre ellos el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Todos fueron a discutir la bomba que estaba por caer el día siguiente: un panel internacional que fue a México para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su informe final. Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las autoridades.

Se acusaría al gobierno de negligencia e incompetencia, incluso de actividades ilícitas en el manejo del caso. Como el resto de las personas en el lugar, Patrón, cuya organización representa a los padres de los estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo respondería el Gobierno.

Sonó su teléfono y vio la pantalla. La noticia que había estado esperando: “El Gobierno de México sale al frente del GIEI”, decía el texto, con el acrónimo del grupo interdisciplinario que publicaría el informe. Parecía ser la noticia que estaba esperando.

Patrón es el director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh, posiblemente el grupo de defensa de derechos humanos más respetado en todo México. Está involucrado en varios de los casos más graves de abusos a los derechos humanos del país y ha sido un gran crítico del Gobierno.

Además de Patrón, otros dos abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.

“Siempre hemos sospechado que nos espían y nos escuchan”, dijo Patrón, quien se percató de que la situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron los normalistas. “Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos”.

Además de los estudiantes desaparecidos, el Centro Prodh representa a una de las sobrevivientes de un ataque militar en el municipio de Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó con un supuesto escondite de un cartel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh ha encontrado evidencias de que los sucesos de aquella noche no se desarrollaron como una balacera, como argumenta el Ejército, sino que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados.

Entre los clientes de la organización también se encuentran las mujeres de Atenco, un grupo de once estudiantes universitarias, activistas y vendedoras de mercado que la policía arrestó hace casi diez años, durante las protestas sucedidas en el pueblo de San Salvador Atenco, y que fueron sometidas a brutales abusos sexuales mientras las trasladaban a la cárcel.

Además del grave abuso de poder y la violación de las mujeres, el caso es especialmente sensible porque el gobernador que ordenó la represión en contra de los manifestantes fue Enrique Peña Nieto, el actual Presidente.

Brewer y otros abogados llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi siete años. La comisión envío el caso ante la Corte Interamericana y en septiembre de 2016 falló a favor de las mujeres; ordenó al gobierno que les diera reparaciones y que investigara con la debida diligencia las responsabilidades de las autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando, una directriz que podía incluir a Peña Nieto.

Fue entonces, poco después del décimo aniversario de los ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un mensaje de texto sospechoso que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía también a los soldados y policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada, abrió el enlace y este la dirigió a una página web corrupta, un indicio del software Pegasus.

“Es parte de defender los derechos humanos en México”, aseguró Brewer. “Son los gajes del oficio”.

Con información de The New York Times


ECONOMÍA, POLÍTICA Y DEMAGOGIA

Jorge Gómez Barata

En un filme de Luis Buñuel un protagonista afirmó: “El rey puede crear todos los condes, duques y marqueses que quiera, pero ningún médico”. De ese modo el cineasta precisó ciertos límites del poder, que se expresan en los ámbitos de la cultura, la economía, la tecnología, el comercio y otras áreas donde la voluntad política no lo puede todo. Alguien debería contarle a Donald Trump cómo funciona la historia económica y social.

La fase de la globalización que ha conducido a que el mundo funcione como un sistema, constituye la esencia de la Era Moderna, que comenzó hace más de medio milenio, cuando los europeos llegaron a América, se establecieron en África, dieron la vuelta al mundo, y pasaron al océano Pacifico. De ese modo, Europa incorporó la otra mitad del planeta a los circuitos económicos y comerciales, que desde entonces constituyen la columna vertebral de la economía mundial.

La inyección de capitales procedentes del oro y la plata, los alimentos,  las materias primas, y la mano de obra de América y África, acompañadas por una gigantesca transferencia de tecnología y cultura (incluidas las lenguas, la rueda, el arado, la ganadería, la metalurgia y otros elementos), unidas al afán de innovación; aceleraron el desarrollo mundial, hicieron progresar al capitalismo, dieron lugar a la Revolución Industrial, y a los movimientos migratorios que poblaron América, donde los descendientes de europeos crearon los Estados Unidos y otra veintena de repúblicas.

Por esos caminos plagados de luces, sombras y tragedias, entre ellas dos guerras mundiales, hechos trascendentales y grandes retrocesos, la humanidad llego al punto donde hoy se encuentra, y que ningún poder y ninguna filosofía retrógrada o conservadora pueden revertir.

Donald Trump puede abusar de la retórica y del enorme poder de su cargo para hostilizar a Rusia, pero no anularla, emplazar a China, aunque no prescindir de ella, ofender a México, sin poder excluir la relación económica bilateral, denostar de Alemania, aunque no ignorar su potencial económico y su papel en Europa y en el mundo. 

Tampoco puede prescindir de la OTAN, porque se colocaría al margen de importantes asuntos europeos. En el Viejo Continente están los principales escenarios políticos, económicos y militares mundiales, y está Rusia, su principal adversario. Sin la OTAN, a Estados Unidos le sería difícil emplazar misiles en Polonia, la República Checa, los países bálticos, Turquía, y otros teatros de operaciones.

Donald Trump puede dañar las relaciones con Cuba, utilizarla como moneda de cambio para obtener magros aplausos en Miami, pero no puede dar marcha atrás a la historia, ni anular los avances alcanzados en la normalización de las relaciones, que no fueron un regalo de Barack Obama, sino la constatación realista de una necesidad histórica.

Como señaló el ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez: “Las políticas anunciadas por Trump no son viables…” 

Estados Unidos puede poner pausa a ciertos contactos y ralentizar algunos procesos, pero de ese modo también dañar sus relaciones hemisféricas y concitar el repudio del pueblo cubano, incluidos los emprendedores a quienes pretende beneficiar. Tal vez se trata de una operación irrentable con más pérdidas que beneficios. Allá nos vemos.

La Habana, 19 de junio de 2017

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El presente artículo fue originalmente en el diario Por Esto. Al reproducirlo favor  indicar la fuente.


Canciller de Cuba: "Trump culpa a la isla de todos los males del planeta"

RT  -   20 jun 2017 15:08 GMT

"El discurso de Trump sobre Cuba ha sido una cacería de brujas: culpa a la isla de todos los males del planeta", señala el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en una entrevista exclusiva a nuestro canal. ¿Quiénes son hoy los asesores del presidente estadounidense en lo tocante a las relaciones entre Washington y La Habana? ¿Quién se beneficia de las medidas de Trump contra Cuba? ¿Cómo evalúa Parrilla la posición de los países europeos al respecto?


El viernes pasado, el presidente de EE.UU. Donald Trump ponía fin a la política de acercamiento a Cuba impulsada por su predecesor, Barack Obama. El republicano prevé ahora mantener el embargo contra La Habana y prohibir los viajes particulares de sus ciudadanos a la isla. En esta línea, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha declarado a RT que se trata de una política "típica de la Guerra Fría en un mundo que hoy es distinto" y que lo que está haciendo es "replicar lo que han hecho diez presidentes antes que él".

"No veo pragmatismo, porque persiste en realizar actos que en 50 años han demostrado que llevan al resultado contrario que se busca", alerta el canciller. Además, destaca que EE.UU. no podría articular "una política eficiente" hacia América Latina y el Caribe "sin ir hacia las normalizaciones con Cuba". "América no va a ser más grande si el presidente Trump persiste en mutilar los derechos civiles de los estadounidenses. Es retrógrado prohibir los viajes de los estadounidenses a Cuba", añade.

Asimismo, cree que los países europeos apoyarán a Cuba en esta situación, ya que ellos mismos se verían afectados por estas medidas.

"Culpa a Cuba de todo"

Rodríguez critica que la política de EE.UU. es "de doble rasero", porque no se puede hablar de derechos humanos y al mismo tiempo defender el bloqueo a Cuba. Según el canciller, el discurso de Trump fue "una cacería de brujas". "Ha culpado a Cuba prácticamente de todos los males del planeta. No culpó a Cuba del cambio climático porque no lo reconoce, pero nos culpó de todo lo demás", indica.

En relación a las acusaciones que señalan a La Habana por su supuesto papel en la situación de inestabilidad actual en Venezuela, Rodríguez afirma que "los asesores del presidente Trump subestiman al pueblo venezolano y la revolución bolivariana". "Piensan que los demás podrían actuar como ha hecho históricamente el Gobierno de EE.UU. interfiriendo en elecciones, imponiendo dictaduras sangrientas (…) tratando a los gobiernos como si fueran marionetas", concluye Rodríguez Parrilla.


Eurocámara aprueba por amplia mayoría continuar con acercamiento a Cuba

Editado por Julio Pérez

Bruselas, 20 jun (RHC) La comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara reafirmó este martes el acercamiento entre la Unión Europea y Cuba, plasmado en diciembre en un nuevo marco diplomático, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frenara la política de deshielo de su predecesor Barack Obama.

Por 57 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones, los eurodiputados dieron su visto bueno al acuerdo con Cuba, cuya firma en 2016 puso fin al anterior marco de relaciones, la llamada Posición Común de 1996 que vinculaba la cooperación europea a las “mejoras de los derechos humanos”, informa la AFP.

Antes de su entrada en vigor provisional, a la espera de un largo proceso de ratificación por los parlamentos de los países europeos como ya han cumplido Estonia y Hungría, el pleno de la Eurocámara debe ratificarlo. La votación está prevista en julio venidero en Estrasburgo (noreste de Francia).

El proceso de ratificación parlamentario se produce en un momento de tensión entre Washington y La Habana, después que Trump dejara sin efecto algunos aspectos del histórico acercamiento anunciado a finales de 2014 por el presidente cubano, Raúl Castro y su entonces par estadounidense, Barack Obama.

El trámite parlamentario en Europa tampoco estuvo exento de tensión, con algunos grupos de la Eurocámara, especialmente liberales y conservadores, presionando por la adopción de un lenguaje más duro con La Habana respecto a los derechos humanos y las libertades públicas.

Para allanar el camino, los parlamentarios decidieron adoptar una resolución, que acompañará al acuerdo, pero no formará parte de él y que debe recoger compromisos específicos en derechos humanos, según su ponente, la eurodiputada Elena Valenciano.

Esta resolución, cuyo texto final todavía no se hizo público, tuvo menos apoyo en la comisión de Asuntos Exteriores, que lo aprobó por 45 votos a favor, 16 en contra y 6 abstenciones.

La Unión Europea se encamina así a la reanudación completa de sus relaciones con Cuba antes que Estados Unidos, máxime cuando las empresas extranjeras no quieren perder el tren de la apertura iniciada por el presidente Raúl Castro.


Y POR FIN SE PRONUNCIÓ TRUMP SOBRE CUBA

Por Manuel E. Yepe

Hasta que al fin se pronunció el Presidente Trump acerca del nuevo curso que se ha propuesto dar a las relaciones con Cuba. Y lo hizo a guisa de castigo a las instituciones y la población de Estados Unidos por la supuesta apertura al diálogo iniciada por el régimen de Barack Obama que fuera aprovechada con entusiasmo nada disimulado por buena parte del empresariado, las instituciones liberales y un segmento claramente mayoritario de la población estadounidense.

Fue evidente que Trump, abrumado por fuertes presiones de la extrema derecha política estadounidense decidió confiar la elaboración de su nueva política hacia Cuba a las mismas fuerzas que a lo largo de casi 60 años han diseñado, con lamentables resultados, la política hacia la pequeña isla vecina.

Su discurso fue un espectáculo populista de corte fascistoide, a la medida de un auditorio que aplaudió sus fanfarronadas con entusiasmo, aunque con evidente insatisfacción por la falta de concreción en algunas de las drásticas medidas punitivas a que aspiraban los desprestigiados líderes de ese sector del “exilio” cubano.

Luego del discurso, Trump firmó el “Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la Política de los Estados Unidos hacia Cuba” (Presidential Policy Guidance on Cuba).

Para la mayoría de los observadores, quien capitalizó el apoyo de Trump a las demandas de la extrema derecha cubanoamericana y el retroceso a los tiempos de guerra fría en su proyección hacia Cuba fue el senador republicano por el estado de Florida Marcos Rubio, que en verdad no es cubano y ni siquiera ha estado alguna vez en Cuba, pero ha hecho de esa condición un medio para ascender en la politiquería, al extremo de haber mentido al Congreso acerca de su ascendencia nacional así como sobre la fecha y los motivos que tuvieron sus progenitores para salir de Cuba antes (y no durante) la revolución en el poder.

Su actual membrecía en una comisión senatorial de inteligencia llamada a dictaminar acerca de la actuación del Presidente en un escándalo que podría incluso determinar su destitución, parece haberle servido de tabla de salvación y ascenso.

Ciertamente, se observa que el segmento más atacado por la directiva de Trump ha sido el sector de los pequeños propietarios privados de la economía cubana, cuyo reciente gran florecimiento paradójicamente obedece, en buena medida a la política gubernamental cubana que alienta esta dinámica en función de la actualización de su proyecto socialista de desarrollo.

Las “nuevas” directivas de Trump no aportan nada diferente a lo que contra Cuba intentaron los gobiernos estadounidenses de Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, W. Bush, y el propio Obama. Será, tan solo, el duodécimo en el listado de presidentes imperialistas norteamericanos que en el último medio siglo han tenido que renunciar a la irrealizable ambición de someter al pueblo cubano, tras ocasionarle graves daños que han dejado profundas huellas que los cubanos seguirán aspirando a  transformar en relaciones de respetuosa vecindad.

Durante casi 60 años, Washington ha tratado por  todas las vías y modos de derrocar a los gobiernos de Cuba, legitimados por la revolución como fuente de derecho y sistemáticamente refrendados por la población en elecciones verdaderamente democráticas.

Por su parte Washington, insistiendo en su prolongada guerra contra Cuba motivada por el peligro que el ejemplo independista de la isla significa para su dominio hemisférico, también ha dado apoyo –en su propaganda y en varias acciones concretas del trabajo secreto de sus organizaciones de inteligencia y subversión- al crecimiento del trabajo por cuenta propia, que haría crecer las filas de la pequeña burguesía en Cuba, la que –calculaban- influiría con su ideología en la orientación política de la sociedad cubana.

La directiva de Trump constituye un engendro contradictorio que, más que infundir temor, ha venido a  desmontar alternativas de confrontación que estuvieron ensayando los poderes fácticos de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, tratando lograr sus objetivos imperialistas respecto a Cuba con engañosas suaves maneras que muchos en la isla consideran más peligrosas que los burdos enfrentamientos convencionales a que ahora regresan con la “nueva” directiva del actual Presidente.

Entre las “novedosas” medidas contenidas en las Directivas adoptadas se proclama el recrudecimiento de la política de bloqueo contra Cuba que ha sido severamente condenada por la comunidad mundial con una unanimidad contra Estados Unidos tan completa que ni siquiera la diplomacia estadounidense pudo votar en contra.

La Habana, Junio 19 de 2017

Exclusivo para el diario POR ESTO! de Mérida, México.


Sondeo: 57% de norteamericanos cree versión de Comey; aprobación de Trump en 36%

Publicado en Cubadebate el 20 junio 2017

El exdirector del FBI, James Comey, relató todo lo sucedido durante sus nueve conversaciones con Donald Trump, desde que el magnate asumiera la presidencia de Estados Unidos. Foto: Al Drago/ The New York Times (Archivo)

En Estados Unidos un sondeo efectuado por la cadena CBS dio a conocer que el 39 por ciento de los encuestados piensa que la investigación llevada a cabo por el fiscal independiente Robert Mueller acerca de la posible “intervención” rusa en la campaña para las presidenciales de 2016, es un asunto crítico de seguridad nacional.

De acuerdo con el sondeo, 57 por ciento de los estadounidenses dijo creer en la versión de Comey, contra 31 por ciento que se inclinó a favor del mandatario, aunque la mayoría de estos se declararon republicanos.

Otro 32 por ciento la calificó de una distracción política que debe ser puesta de lado, en tanto que para el 27 por ciento la investigación reviste una seriedad similar a otros temas.

La credibilidad del mandatario parece también haberse visto socavada aún más por esta controversia, a partir de su abierta disputa con el exdirector del FBI, James Comey, quien dijo a senadores dos semanas atrás que Trump le pidió hacer de lado la investigación que presidía y que ahora es conducida por Mueller.

De igual modo, y en rechazo a la insistente acusación del mandatario de que la investigación de Mueller constituye una cacería de brujas, 56 por ciento de los encuestados calificó de parcial la pesquisa, contra 30 por ciento que no lo consideró así.

El sondeo mostró igualmente que la mayoría está a favor de que la investigación llegue al fondo de la controversia, ya que 81 por ciento se declaró en contra de la idea de detener la investigación de Mueller, contra 15 por ciento que se declaró a favor.

La controversia parece haber mermado aún más la aprobación que dan los estadounidenses al trabajo de Trump al frente de la Presidencia, ubicada ahora en 36 por ciento, en contraste con 41 por ciento que registró en un sondeo de abril pasado.

Trump apareció también con bajas calificaciones en el manejo de esta controversia, con una aprobación de apenas 28 por ciento, en tanto que 63 por ciento dijo desaprobar la manera como la ha abordado.

También registró calificaciones negativas en el manejo de la economía, donde 42 por ciento lo aprobó, contra 51 por ciento que se dijo insatisfecho, en tanto que 44 por ciento le dio una calificación satisfactoria por su manejo del terrorismo, contra 50 por ciento que lo desaprobó.

La encuesta fue realizada vía telefónica a nivel nacional del 15 al 18 de junio, entre mil 117 adultos seleccionados de manera aleatoria, y presenta un margen de error de 4.0 por ciento.

(Con información de Notimex)