miércoles, 9 de agosto de 2017

Asesor evangélico de Trump: "Dios le ha dado a Trump la autoridad para eliminar a Kim Jong-un"

RT  -   9 ago 2017 15:19 GMT

Robert Jeffress, pastor de una iglesia de Texas, sostiene que el presidente de Estados Unidos tiene todo el derecho a "utilizar cualquier medio necesario –incluido la guerra– para detener el mal".

Queman la efigie de Kim Jong-un en una protesta contra el líder norcoreano en Seúl, el 17 de diciembre de 2013. Kim Hong-Ji / Reuters

Uno de los asesores evangélicos de Donald Trump, el pastor de la Primera Iglesia Bautista de Dallas (Texas) Robet Jeffress, asegura que el presidente de Estados Unidos cuenta con la autoridad moral para quitar de en medio al líder norcoreano Kim Jong-un.

"Respecto a cómo deberíamos afrontar a los malvados, la Biblia es muy clara en el libro de los Romanos: Dios ha dotado a los gobernantes de pleno poder de utilizar cualesquiera medios necesarios –incluido la guerra– para detener el mal", sostiene Jeffress, citado por 'The Washington Post'.

"En el caso de Corea del Norte, Dios le ha dado a Trump la autoridad para eliminar a Kim Jong-un", interpreta el pastor el pasaje bíblico Romanos 13 de la Epístola a los Romanos del Nuevo Testamento.

El texto bíblico al que se refiere reza así: "Sométase toda persona a las autoridades superiores; no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas", "de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste".

Según Jeffress, "esto le da al Gobierno la autoridad para hacer lo que sea, ya sea el asesinato, la pena capital o un castigo atroz para reprimir las acciones de los hombres malvados como Kim Jong-un".  

Al mismo tiempo, el pastor ha admitido que muchos cristianos pacifistas pueden también recordar el capítulo 12, que reza "no devuelvan mal por mal a nadie", pero a su modo de ver, este pasaje bíblico hace referencia a los cristianos y no al Gobierno.


¿Hacia dónde vamos los pueblos indígenas en Abya Yala?

Ollantay Itzamná

A una década de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos, y a casi tres décadas de la aprobación del Convenio 169º de la OIT sobre el tema, el 9 de agosto (Día Internacional de los Pueblos Indígenas), es ocasión para reflexionar hacia dónde vamos los pueblos indígenas en América Latina.

Los diferentes derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas (derecho a la autodeterminación, a tierra y territorio, a la consulta previa y libre, a la identidad cultural, etc.) ya tienen mayoría de edad como normas jurídicas vigentes a nivel internacional y nacional.

Pero, las condiciones de vida y oportunidades no han mejorado para la gran mayoría de los pueblos indígenas. Los informes oficiales sobre condiciones de vida, tanto de entidades nacionales, como internacionales, en la región, muestran signos positivos a nivel global. Pero, en los diferentes países de la región, las poblaciones indígenas continúan con un promedio de 70 u 80% de empobrecimiento.

Es más, en países con mayoría demográfica indígena como Guatemala, Perú o Bolivia, las familias indígenas, en la actualidad, subsisten en peores condiciones que en épocas de la Colonia (cuando por lo menos tenían acceso a tierra-agua y disponibilidad de fuentes de vida). Ni hablar de las condiciones laborales de neoesclavitudes en las que jornalean en los monocultivos agrícolas de la región

¿Qué pasó con los derechos declarados entonces?

Los derechos declarados, mientras no haya sujetos que la ejerza y defiendan,  y autoridades que garantice su cumplimiento, no cambia casi en nada la realidad cotidiana de los pueblos.

Si bien, en los últimos años, la autodefinición de personas como indígenas cobró fuerza en segmentos demográficos crecientes de países multiculturales, en especial. Sin embargo, esa conciencia identitaria no necesariamente significó una clara conciencia política de “ser indígena” en países racializados. Y, en consecuencia, la emotiva autodefinición de las personas como indígenas no necesariamente implicó el ejercicio individual y/o colectivo de los derechos sociopolíticos indígenas. Somos sujetos “culturales” sí, pero aún siervos “apolíticos”.

A nivel general, en países multiculturales como Guatemala o Perú, la “lucha” de la gran mayoría de actores indígenas no ha superado el culturalismo folclórico “apolítico”. Permitido y aceptado por el hegemónico sistema neoliberal.

Peor aún, en países como Perú, los aborígenes no se autodefinen como indígenas, sino como campesinos (una categoría social ideológicamente construida para implantar el mestizaje rural).

En países como Bolivia, Ecuador, México, algunos movimientos indígenas y/o núcleos organizados con conciencia política están o han dado saltos significativos del ejercicio de  los derechos culturales al ejercicio de los derechos sociopolíticos. Pero, incluso en dichos países los resultados evidentes para cambiar las condiciones de colonialidad y de dominación de los pueblos indígenas son aún insipientes.

En países como Nicaragua o Bolivia, los actuales gobiernos progresistas han logrado titular grandes extensiones de tierras para indígenas, bajo propiedad colectiva. Es más, en el caso de Nicaragua, el 33% del total del territorio nacional está legalmente reconocida como territorio autónomo indígena (con tierras tituladas), con sistemas de autogobierno propio. Pero, justamente son estas zonas autonómicas las más empobrecidas y marginadas del país. Entonces, al parecer, las autonomías indígenas tampoco son panaceas per se, para avanzar hacia el Buen Vivir.

Los derechos individuales y colectivos para las y los indígenas están reconocidos y declarados. Pero, hace falta que las y los indígenas organizados o no, demos el salto de la cómoda autodefinición indígena (que incluso nos da algunos privilegios en un mundo amante de lo exótico) hacia el ejercicio de los derechos sociopolíticos indígenas, de manera coherente.

Los bicentenarios estados criollos o mestizos no van a implementar más leyes a favor de pueblos indígenas. Es más, como en el caso de Guatemala o Perú, el derecho a la consulta  previa, ya fue manipulado para que las comunidades digan sí a las empresas (pero son pocos los indígenas que protestan).

Transitar del culturalismo al ejercicio de derechos políticos implica constituirnos en sujetos políticos para repensar los estados racistas y construir nuevos estados para todos/as. Estados plurinacionales lo llaman.

Esto implica que los movimientos y pueblos indígenas construyamos nuestros propios instrumentos políticos (organización política) incluyentes para disputar el poder electoralmente a los poderes oficiales, e impulsar procesos de asambleas constituyentes plurinacionales. Pero, con métodos y contenidos que superen el individualismo metodológico y el capitalismo suicida.

Los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser el fundamento, argumento y horizonte que haga realidad las postergadas transformaciones estructurales en beneficio de los pueblos. No puede ser únicamente el vehículo discursivo o laboral para el ascenso socioeconómico de unos pocos indígenas. Y, en esto, la responsabilidad mayor lo tenemos las y los indígenas que fuimos formados o malformados en la academia occidental, y todos cuantos ocupan responsabilidades en las academias y  en las ventanillas de los estados y de la cooperación internacional.

EU.- LOS MUERTOS EN LA GUERRA DE COLFAX

Por Dr. Néstor García Iturbe

Cuando los habitantes de Colfax, Louisiana, comienza a escuchar explosiones, el sonido de las balas y grandes columnas de humo, nunca piensan que ha comenzado una nueva guerra, es la misma guerra que están resistiendo hace años, en  la cual es posible que todos terminen muertos.

Colfax es un pequeño pueblo de 1,532 habitantes, la mayoría de ellos de la raza negra en las cercanías del Rio Rojo. En su historia se encuentra que fue un lugar donde esclavos liberados formaron un campamento, del cual fueron expulsados a la fuerza, en cuya acción murieron 150 de ellos. El ingreso promedio de sus habitantes es de 13,800 dólares anuales, por debajo de  la línea de la pobreza, que en Estados Unidos se ha fijado en 22,000 dólares anuales.

Las desgracias de los habitantes de Colfax comenzaron hace aproximadamente dos años, cuando en un almacén del ejército, situado en Minden, Louisiana explotaron tonelada de explosivos  las cuales crearon una nube que llegó a 7,000 pies de altura y lógicamente causo terror a los residentes del  lugar, principalmente, por la contaminación ambiental  que eso causó.

El terror se incrementó, al igual que las protestas de la población, cuando los residentes conocieron que el ejército planeaba quemar, a cielo abierto, 18 mil  libras de explosivo que aún quedaban en el lugar, lo cual aumentaría considerablemente el nivel de  contaminación.

Para evitar los problemas en Minden, una población de mayor nivel económico, cuyos residentes son en un buen número de la raza blanca y algunos tienen buenas influencia políticas, el ejército coordino con la empresa Clean Harbors, que tiene un establecimiento en Colfax, para que en el mismo se destruyeran los explosivos.

Hace algunos años el Departamento de Defensa incineraba estos materiales en sus propias unidades, hasta que las autoridades sanitarias lo prohibieron.  Pudieron enviar algunos embarques de explosivos y municiones a Europa y Canadá, pero los países prohibieron que esto se hiciera, debido a la contaminación que esto provocaba, por lo que se buscó una solución en los propios Estados Unidos.

La solución al problema fue el establecimiento de Clean Harbors en Colfax, el cual opera hace más de diez años en coordinación con el Departamento de Defensa y es el único, en toda la nación, que puede quemar explosivos y municiones  sin control alguno del gobierno sobre las emisiones contaminantes que esto pueda causar.

Resueltos los problemas en MInden, el ejercito trasladó al establecimiento de Colfax  350,000 libras de explosivo que aún quedaban por incinerar. A partir de ese momento los incineradores de la Clean Harbors estuvieron trabajando  casi sin detenerse, el humo contaminante cubriendo  todos los alrededores y los residentes en Colfax, respirando el mismo.

En el año 2015, en los incineradores  de Clean Harbors situados en Colfax, se destruyeron 700,000 libras de municiones y explosivos, a pesar de las protestas de la comunidad, con muchos temores, pero poco dinero y casi ninguna influencia política que pueda oponerse a lo que está sucediendo.

Debe agregarse a esto, que el establecimiento también está prestando servicios a otras unidades del Departamento  de  Defensa, lo cual a la vez diversifica el tipo de materiales que se destruye en dicho lugar.

Dentro de esto se encuentra, el combustible de la cohetería elaborada por una fábrica en Los Angeles, granadas de mano y municiones elaborados en Arkansas, fusibles detonadores de Cincinnati, combustible sólido de la Aerojet Rocketdyne de Virginia, explosivos fabricados en Carolina del Norte, cohetes fabricados por la Lockheed Martin en Alabama y otros.

En la oficina de Clean Harbors en Colfax , aparece un mapa donde están señalados los 42 clientes de la empresa, todos unidades militares, existentes en 22 estados de la Unión.  La empresa, cuya oficina central está en Massachusetts , en el año 2016, tuvo ingresos por 2.7 billones de dólares, lo que representa un importante negocio.  Diariamente, camiones y trenes que trasladan explosivos de alto poder, viajan por ciudades estadounidenses  sin que los habitantes de las mismas lo conozcan, a pesar del riesgo que esto implica.

El negocio de la guerra tiene esas características, se gasta una inmensa cantidad de dinero en explosivos, municiones y otros artefactos. Después es necesario gastar otra inmensa cantidad de dinero en destruirlos.

Los beneficiados  con todo esto son las grandes empresas de la industria armamentista, los funcionarios del Pentágono que reciben sus comisiones y los  miembros del Congreso que también reciben dinero por aprobar los presupuestos que cubren el ciclo.

Los perjudicados, el pueblo estadounidense.  Los de Colfax, cuya muerte por contaminación ya ha sido decretada y el resto de los ciudadanos, que no morirán como los de Colfax, pero durante toda  la vida pasarán necesidades mientras  que el gobierno quema  una buena parte de lo que compra.

¿Usted considera como una violación de los Derechos Humanos, contaminar el ambiente y que una población entera esté en peligro de morir por la irresponsabilidad del gobierno del país?

La Habana, 9 de agosto del 2017

GRUPO EL HERALDO  sarahnes@cubarte.cult.cu


Más de 30 mil desaparecidos en México, denuncia ONU

Publicado en Cubadebate el 9 agosto 2017

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, inauguró el Foro de Desaparición Forzada organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Chilpancingo. Foto Sergio Ocampo/ La Jornada.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, declaró que en los años recientes ‘‘la cifra de desaparecidos (en México) ascendió a 30 mil personas, más los que no son contados por las estadísticas; estamos hablando de muchos más’’.

Por ello, consideró ‘‘fundamental que (el Congreso de la Unión) apruebe la ley general contra la desaparición forzada’’. Propuso además que haya reparación de daño y condiciones para que no ocurran más en el país.

Jan Jarab participó en el Foro sobre desaparición forzada. Contra el dolor y el miedo: un grito de esperanza, que se inició este martes en Chilpancingo organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Ahí, todos los participantes coincidieron en la exigencia de que el Congreso de la Unión apruebe la ley de desaparición forzada.

Grave impunidad

El funcionario de la ONU manifestó que las condiciones de inseguridad e impunidad que han propiciado esa práctica en la década reciente ‘‘es uno de los temas más graves –junto con el de las fosas clandestinas– que tiene en puerta la Organización de las Naciones Unidas.

Calificó de grave ‘‘el tema de desaparición (tanto) como el del reciente descubrimiento de fosas clandestinas, de las cuales no existen registros confiables’’. Señaló que el estado de Guerrero es una entidad con marcada injerencia en estos temas, en el contexto de cumplirse tres años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala.

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó que Guerrero es una de las entidades con mayor número de desapariciones en el país y ocupa el primer lugar en el hallazgo de fosas clandestinas, con 195. Le siguen los estados de Nuevo León y Veracruz, con 191; Zacatecas, 83; Coahuila, 51; Colima, 35; San Luis Potosí, 34; Durango, 18; Jalisco, 17, y Sonora con 12.

El ombudsman, quien recordó el referente histórico de las desapariciones forzadas de los años 70, advirtió: ‘‘No permitiremos impunidad ni olvido; nuestro objetivo es la justicia’’.

En su turno, Blanca Martínez, representante del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Torreón, Coahuila, habló del papel de las mujeres, que le ha dado un sello a la búsqueda de los desaparecidos, y exigió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) ‘‘que ponga a México bajo la lupa en el tema de las desapariciones’’.

Santiago Corcuera, ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, recordó que desde 2002 México ratificó en la Coridh este problema.

Sin embargo, agregó, ‘‘el camino ha sido lento y con tropiezos, ya que la tipificación de 2001 –como la Coridh nos lo hizo notar en la sentencia de Rosendo Radilla Pacheco contra México, en 2009– está mal, ya que los legisladores no pudieron ni siquiera copiar adecuadamente la definición contenida en la declaración de la ONU de 1992 sobre desapariciones forzadas’’. Planteó que ahora se debe hablar de hallazgos efectivos, no de búsquedas que no producen resultados.

A su vez, Ariel Dulitzky, ex miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, consideró que se eligió al estado de Guerrero ‘‘porque representa la continuidad’’ de ese delito en México.

‘‘Guerrero es fuente de inspiración, no sólo para México, sino para toda América Latina. Las luchas se iniciaron en Atoyac, representadas por Tita Radilla, y después con los padres y madres de familia de los normalistas de Ayotzinapa, más los otros desaparecidos en esta entidad’’.

(Tomado de La Jornada)